Faltan 50 días para que concluya la disputa legal que existe sobre la elección federal. El tiempo sigue avanzando en un perfecto reloj de arena que agotará sus gratinos el 6 de Septiembre y en ello, con excepción del equipo de los leales a Andrés Manuel López Obrador, la lógica política no deja duda que Enrique Peña Nieto será ex Presidente de la República.

Y por eso, Felipe Calderón, muy grillo, no dejó pasar la misma noche del 1 de Julio, la oportunidad de adornarse y expresar que “el licenciado Peña Nieto será nombrado presidente electo y a partir del 1 de diciembre será el próximo Presidente de la República”. Ya luego matizó sobre la discusión judicial en puerta relacionada con la presunta compra de “5 millones de votos”, su rechazo a “esta compraventa de voluntades políticas, así sea una o diez o 100 o mil, pues es simplemente inaceptable”.

Pasaron los días y finalmente abrió las puertas de Los Pinos para tener la primer entrevista oficial de Presidente saliente a futuro ex Presidente, con lo que no solo valida moralmente los comicios, si no que marca el camino de un terso cambio de poderes.

El martes por la noche, al mejor estilo y protocolo de sus investiduras, se emitió incluso un documento conjunto en el que debe destacarse que “el gobierno ofrecerá todo el respaldo necesario para que dicho proceso se realice de manera eficaz, transparente y apegado a derecho”.

Obviamente, una vez concluido el proceso jurisdiccional en materia electoral y en su caso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgue la declaratoria de Presidente Electo a Enrique Peña Nieto, iniciarán un proceso ordenado de transición administrativa y política.

Y por qué lo hace el Presidente. Creemos sin dudarlo, que ya preguntó por el “teléfono rojo” a sus pares en el poder judicial, donde seguro le confirmaron, que son infundadas, difíciles, si no imposibles de comprobar las quejas y patadas de ahogado del tabasqueño.

En este país, mientras no se cambien los procedimientos, los hechos imputables van amarrados de documentos y no por declaraciones sonoras o viperinas. Una cosa es lo que se dice en medios, y otro asunto distinto es lo que se pueda probar.

Quien acusa tiene la obligación de acreditar su dicho y no al revés. Acusar y dejar que la autoridad haga las investigaciones pertinentes es grilla barata, al menos en los terrenos electorales. Se puede decir misa, pero de eso, a que se conmocionen los santos apóstoles del TRIFE, es un tema no tiene mucho margen.

Por un lado el Consejero del IFE Lorenzo Córdova fue puntual al decir que “todos los juicios de inconformidad que se presentan por ley tienen que estar acompañados del informe circunstanciado de los órganos que son impugnados. Tanto los consejos distritales como el Consejo General tienen que presentar este informe que contiene datos que la autoridad considera pertinente entregar junto con los expedientes de impugnación”.

Es decir que no basta decir o descalificar. Y si nos pasamos a los terrenos de los del poder judicial, el asunto se torna mucho más cuadrado. Papeles son amores y no litros de saliva. Y por eso, el magistrado Manuel González Oropeza no se anduvo por las ramas al agregar en la herida de las izquierdas que “sólo hay un presidente de la República, no puede haber cuatro o cinco”.

En el marco del derecho electoral, si hubiera un resquicio para Andrés Manuel este sería en de las relaciones públicas. Jamás la vía de la presión verbal o de carácter indirecto como sucede con algunos de los miembros de su equipo y a la vez, quizá debamos decir que en su desternillada condición actual, sobran quienes insistan en que el tabasqueño, disfruta más ser candidato que acercarse finalmente a la reponsabilidad de ser Presidente.

OTROSI: Jaime Cárdenas dice que existe elementos para cancelar incluso el registro de EPN como candidato…cada loco con su tema.

18 pendientes…
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